SE TRATA DE PAMPA ENERGÍA, EL GRUPO CONTROLANTE DE LA EMPRESA EDENOR
El Gobierno acusa a la mayor compañía eléctrica del país por operaciones ilegales
09-05-12 00:00 El ente regulador del sector sostiene que Pampa, de Marcelo Mindlin, compró acciones de eléctricas sin respetar “la ley”. Y abrió una investigación sobre Edenor
Después de la expropiación de las acciones de Repsol y el apartamiento de los Eskenazi de la gestión de YPF –hasta hace un año se consideraba una familia allegada al kirchnerismo–, el Gobierno emitió la primera declaración de guerra contra Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, el mayor holding de empresas del sector eléctrico.
El encargado de enviar el mensaje fue Mario de Casas, presidente del Enre (el ente que regula al sector), un ex cobista de buena comunión con el kirchnerismo. Así consta en el acta de la reunión que el funcionario mantuvo el 25 de abril, a la que accedió El Cronista. Allí, acusa al grupo de Mindlin de haber realizado operaciones financieras fuera de la ley, anuncia la apertura de una investigación, manifiesta su “preocupación” con respecto al futuro de Edenor –la distribuidora del grupo que atiende a parte de la Capital y el Gran Buenos Aires– y convoca a una audiencia en la que participe la empresa, previo a la toma de decisiones.
El secretario de Energía, Daniel Cameron, le habría enviado una respuesta similar a la compañía. Un empresario del sector eléctrico habituado a circular por despachos públicos definió el hecho como “una declaración de guerra” por parte del Gobierno. “A partir de acá se abren dos caminos: o Mindlin vuelve a la línea que marca el Gobierno o avanzan sobre la empresa”, sostuvo.
El acta asegura que Pampa “compró acciones de otras distribuidoras provinciales de energía eléctrica, y que lo hizo sin respetar el procedimiento que a tal efecto determina la legislación vigente”, debido a que informó tarde al ENRE de las operaciones o no le informó, según el caso.
De Casas hace referencia a las adquisiciones que realizó Pampa a principios del año pasado, cuando le adquirió al fondo Ashmore el 90% de Eden (norte y centro de Buenos Aires) y el 77,2 % de Emdersa, que controla a las distribuidoras de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa). El empresario ya vendió parte de ese paquete, y está en negociaciones para desprenderse de otra porción con vistas a financiar el déficit de Edenor.
En la misma operación, Pampa adquirió las obligaciones negociables de Ciesa, controlante de la transportadora de gas TGS, una operación que aún no fue aprobada por Defensa de la Competencia.
Además de la participación en el sector de distribución, Pampa es accionista en la transportadora Transener y en empresas de generación.
De acuerdo con De Casas, esas “conductas” dieron lugar a que el Enre “instruyera abstenerse de realizar operaciones inconsultas que pudieran poner en riesgo la prestación del servicio público concesionado”. Y explica que por esos incumplimientos “se están formulando cargos” contra la empresa.
El presidente del Enre, además, explica que es “importante” dilucidar las condiciones en que la empresa realiza las prestaciones a su cargo, por lo que propone que se convoque a una Audiencia para que asistan “todas las parte involucradas a fin de escucharlas previo a resolver en algún sentido”.
La avanzada contra Mindlin es, en parte, la respuesta oficial a una carta enviada por Ricardo Torres, presidente de Edenor, a varias dependencias públicas a finales de marzo, como informó El Cronista en su edición del 27 de abril. La misiva violó una ley tácita del kirchnerismo: se puede hablar de todo, pero sin dejar constancia en documentos.
La carta sostiene que “de mantenerse la actual situación de congelamiento de ingresos y aumento de costos, la Distribuidora verá imposibilitado el acceso a fuentes de financiamiento del déficit de caja enfrentado en sus actividades y, de esta manera ser verán afectados, entre otros aspectos, el normal financiamiento y funcionamiento de la actividad concesionada”. En otros términos: que por una decisión oficial la empresa entraría en
El encargado de enviar el mensaje fue Mario de Casas, presidente del Enre (el ente que regula al sector), un ex cobista de buena comunión con el kirchnerismo. Así consta en el acta de la reunión que el funcionario mantuvo el 25 de abril, a la que accedió El Cronista. Allí, acusa al grupo de Mindlin de haber realizado operaciones financieras fuera de la ley, anuncia la apertura de una investigación, manifiesta su “preocupación” con respecto al futuro de Edenor –la distribuidora del grupo que atiende a parte de la Capital y el Gran Buenos Aires– y convoca a una audiencia en la que participe la empresa, previo a la toma de decisiones.
El secretario de Energía, Daniel Cameron, le habría enviado una respuesta similar a la compañía. Un empresario del sector eléctrico habituado a circular por despachos públicos definió el hecho como “una declaración de guerra” por parte del Gobierno. “A partir de acá se abren dos caminos: o Mindlin vuelve a la línea que marca el Gobierno o avanzan sobre la empresa”, sostuvo.
El acta asegura que Pampa “compró acciones de otras distribuidoras provinciales de energía eléctrica, y que lo hizo sin respetar el procedimiento que a tal efecto determina la legislación vigente”, debido a que informó tarde al ENRE de las operaciones o no le informó, según el caso.
De Casas hace referencia a las adquisiciones que realizó Pampa a principios del año pasado, cuando le adquirió al fondo Ashmore el 90% de Eden (norte y centro de Buenos Aires) y el 77,2 % de Emdersa, que controla a las distribuidoras de San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa). El empresario ya vendió parte de ese paquete, y está en negociaciones para desprenderse de otra porción con vistas a financiar el déficit de Edenor.
En la misma operación, Pampa adquirió las obligaciones negociables de Ciesa, controlante de la transportadora de gas TGS, una operación que aún no fue aprobada por Defensa de la Competencia.
Además de la participación en el sector de distribución, Pampa es accionista en la transportadora Transener y en empresas de generación.
De acuerdo con De Casas, esas “conductas” dieron lugar a que el Enre “instruyera abstenerse de realizar operaciones inconsultas que pudieran poner en riesgo la prestación del servicio público concesionado”. Y explica que por esos incumplimientos “se están formulando cargos” contra la empresa.
El presidente del Enre, además, explica que es “importante” dilucidar las condiciones en que la empresa realiza las prestaciones a su cargo, por lo que propone que se convoque a una Audiencia para que asistan “todas las parte involucradas a fin de escucharlas previo a resolver en algún sentido”.
La avanzada contra Mindlin es, en parte, la respuesta oficial a una carta enviada por Ricardo Torres, presidente de Edenor, a varias dependencias públicas a finales de marzo, como informó El Cronista en su edición del 27 de abril. La misiva violó una ley tácita del kirchnerismo: se puede hablar de todo, pero sin dejar constancia en documentos.
La carta sostiene que “de mantenerse la actual situación de congelamiento de ingresos y aumento de costos, la Distribuidora verá imposibilitado el acceso a fuentes de financiamiento del déficit de caja enfrentado en sus actividades y, de esta manera ser verán afectados, entre otros aspectos, el normal financiamiento y funcionamiento de la actividad concesionada”. En otros términos: que por una decisión oficial la empresa entraría en
